Bajo el más completo caos funcionó el Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad, IMTTRASOL, durante los años 2014 y 2015, correspondientes a la gestión del entonces Alcalde Franco Castellanos.

Al concluir la auditoría de ambas vigencias, la Contraloría de Soledad estableció 48 hallazgos, de las cuales 24 tienen presuntas incidencias disciplinarias, 16 fiscales, 1 penal y 2 de tipo administrativo sancionatorio.

Entre las situaciones encontradas por el ente de control en el IMTTRASOL está la asignación de 1.310 matrículas nuevas en el servicio de transporte público individual tipo taxi, de los cuales solo 297 unidades se encuentran soportadas con un estudio técnico elaborado en la vigencia fiscal 2015 por la entidad competente.

En este orden de ideas, el municipio matriculó 1.013 vehículos nuevos tipo taxi, sin haber contado con el estudio técnico para determinar el incremento de la capacidad transportadora en Soledad; de estos 441 vehículos corresponden a la vigencia fiscal 2014 y 572 vehículos a la vigencia 2015.

Además, en el informe definitivo de auditoría también se determinaron hallazgos en los que se hacen visibles contratos celebrados con personas naturales en donde no se evidenció el cumplimiento de la labor establecida en los mismos; además, convenios de asociación con fundaciones en los que también se constató el incumplimiento del objeto a contratar. De igual forma se detectó un contrato de digitalización, el cual  no cuenta con un debido estudio previo y no existen informes de supervisión que demuestren el avance del contrato.

“Estas presuntas incidencias han generado un detrimento patrimonial por el orden de los $1.192 millones. Por tal motivo la Contraloría Municipal de Soledad dio traslado a las entidades competentes lo referente a los hallazgos con presuntas incidencias disciplinarias y penal, mientras que este ente de control se encargará del resarcimiento de estos dineros al municipio”, explicó Julio Rivera, Contralor de Soledad.

Dentro de la relación de hallazgos se destacan los siguientes hechos:

- No se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, obligación legal que debe cumplirse en el Secop.

- Desorganización en el archivo de los contratos celebrados. No se encuentran foliados, no existe un orden.

- No se evidencia elaboración de estudios previos para los expedientes contractuales con: Fundación Gremio Industrial y Empresarial del Atlánico, Fundación José Celestino Mutis, Fundación Jorge Eliécer Gaitán. De igual forma no existe evidencia de propuesta económica, ni actas de supervisión, ni de actos administrativos de legalización de pólizas, ni que se hayan cumplido con el objeto contractual. Se configura un hallazgo fiscal por lo pagado hasta el 31 de diciembre de 2015, por $60.011.763.

- Contrato celebrado con Luis Basanta Acosta, por $20 millones, para "la elaboración del estudio técnico para la implementación de las cámaras de detección electrónica de multas de Tránsito en el Municipio de Soledad Atlántico", existiendo dentro del IMTTRASOL una oficina de operaciones encargada de los planes y programas referentes con la operatividad y funcionamiento dirigida al control y prevención de accidentes de tránsito y en general todo lo de la seguridad vial.

- Deficiencias en los estudios previos del contrato con la empresa Mercadatos S.A. (para digitalizar todo el archivo del IMTTRASOL), por $256.499.000. En los estudios previos no se evidencian con claridad, en la descripción del objeto a contratar, las especificaciones y la identificación del mismo; así por ejemplo, no se relaciona cual es la documentación que se va a digitalizar, tampoco se especifica si deben foliar, inventariar, rotular.

- Incumplimiento por parte del Supervisor del contrato con Mercadatos S.A en la supervisión del mismo; no se evidencia tabla de retención documental; ni que los pagos realizados al contratista especifiquen las funciones desarrolladas en el periodo de tiempo; ni que el contratista haya capacitado a los funcionarios del IMTTRASOL, ni los haya asesorado en políticas de archivo, entre otras.

- Contrato con Blas Osorio Velandia, para la "prestación de servicios profesionales de abogado especializado en Contratación Estatal, para brindar apoyo en el desarrollo de los procesos contractuales que adelante el IMTTRASOL y en los demás asuntos jurídicos que sean encomendados", por $59.642.000. Hubo falta de planeación en la estructuración de los contratos, en lo referente a su objeto contractual.

- Contratos celebrados, por $290.147.173, para prestación de servicios con personas naturales, los cuales no cuentan con: informes de supervisión o alguna evidencia que cumplieron con el objeto contractual. Entre esos contratos la Contraloría señala los siguientes: Miguel Ojeda Casalins, Carlos Enrique Paramo Samper, Carolina María Neira Saavedra, Sonia López Torres y Ricarte González Noriega.

- Duplicidad de funciones en algunos contratos. Dentro de la muestra seleccionada se identificaron seis por $61.097.000 para “prestación de servicios profesionales en la Oficina Jurídica para brindar apoyo a la oficina de cobro coactivo en las diferentes etapas del proceso y en los demás asuntos jurídicos que le sean encomendados”, en el cual no se tuvo en cuenta el personal que existe dentro del IMTTRASOL para el cumplimiento de estas funciones de cobro coactivo. El equipo auditor no vio la necesidad de la contratación por parte de terceros para realizar el cobro coactivo de la entidad el cual fue deficiente, siendo este recurso mal invertido.

- Casos en que el mismo Director del Instituto es el supervisor de los contratos celebrados con las siguientes empresas: Fundación Multiactiva Social Amigos de la Comunidad de los Niños, La Fundación Tercera Vía y Blas Osorio Narvaéz, lo cual afecta el principio de responsabilidad y transparencia, “pues se puede inferir que no hubo supervisión en dichos contratos pues el mismo contratante (ordenador del gasto) es quien realiza las labores de supervisión”.

- Contrato N° 22-09-2015 con Álvaro Sarmiento Chaparro, para “realizar las adecuaciones de las instalaciones del patio donde se inmovilizan los vehículos por infracciones de tránsito”, invirtiendo recursos públicos en propiedades ajenas, lo cual se considera una adecuación innecesaria.

- Contrato con Fundación Gremio Industrial y Empresarial del Atlántico, por $37.775.034, para la “realización de una capacitación dirigida a funcionarios del instituto para la implementación del modelo estándar de control interno MECI y Sistema de la Calidad de la Gestión Pública GP”. No existen planillas donde se demuestre que los funcionarios de la entidad asistieron a la capacitación, puesto que se evidencia que la entidad no pone en practica lo que "supuestamente se capacitaron".

- Convenios de asociación con la Fundación Tercera vía, por $27.538.000, "para impulsar las buenas prácticas para la seguridad en la movilidad en las vías del municipio de Soledad", donde se evidencian inconsistencias en los soportes presentado: el contratista suministra facturas manuales donde la resolución de facturación por parte de la DIAN se encuentra vencida, se anexa copia de RUT desactualizado, no se realiza validación de los pagos al Sistema de Seguridad Social. De igual forma no se evidencia acta informes de actividades.

- Contrato con la Fundación para el Desarrollo Nacional – Fundenal-,  para la “prestación de servicios de 2 grúas de plataforma con gato hidráulico doble acción y wincher, con su conductor para uso de IMTTRASOL”. No se observa Acta de Inicio, incumpliendo las funciones por parte del interventor en la cabeza del Jefe de la Oficina Operativa del IMTTRASOL. Igualmente la póliza de seguros que adquirieron fue un mes después al tiempo establecido en el contrato.

- María Eugenia Triviño Fuentes, dentro de sus 11 expedientes contractuales, se observó: no se evidencian pólizas de garantías, ni su aprobación como el cumplimiento legal constituido. Adicionalmente no se evidenció el certificado de satisfacción firmado por el Supervisor en el seguimiento del contrato, ni soportes de la ejecución de actividades con sus respectivas rutas, carros inmovilizados, entre otras actividades. El hallazgo alcanza $193.663.000.

- Mediacomer Parters S.A.: Irregularidades en la fecha en que se firmó el contrato, la cual fue un mes después de la comunicación de la aceptación de la oferta.

- Software de nómina: dinero pagado y software nunca utilizado, por $17.733.000

- Violación en el ordenamiento jurídico sobre la obligación de los estudios previos. Falencias en los contratos celebrados con los siguientes contratistas: María Eugenia Triviño, Fundación para el Desarrollo Nacional – Fundenal-; Fundación Tercera Vía; Fundación José Celestino Mutis; Fundación Jorge Eliécer Gaitán; Fundación Gremio Industrial y Empresarial del Atlántico.

- La oficina de Control Interno no realizó revisión al proceso contractual de la entidad, no ejerciendo un control administrativo, previo y preventivo. Trayendo como consecuencia el no aviso oportuno de las practicas irregulares o modalidades erróneas en la contratación.

- Trámite comparendos: durante las vigencias 2014 y 2015 el municipio se vio afectado de forma negativa al dejar de percibir la suma de $45.084.172, el cual corresponde a 146 comparendos entre las vigencias 2004 y 2010, que podría llegar incluso a los 808 millones 339 mil pesos, lo cual corresponde a 1.199 comparendos entre las vigencias 2004 y 2011.

- Inconsistencias en el proceso de matricula: Irregularidad en la matricula de 441 vehículos nuevos tipo taxis en la vigencia fiscal 2014, y en la vigencia fiscal 2015 fueron 869 (sobrepasando el limite establecido en el acto administrativo N° 0002-I-04-27-2015 en donde solo se autorizó incrementar la suma de 297.

- La técnico en sistemas de manera arbitraria, aplico la suma de $91 millones 693 mil por concepto de matriculas, sin el debido soporte de pago. Dicha persona no cuenta con ningún soporte y/o autorización para la aplicación de los mismos. Generando deficiencias en el control de la entidad. De igual forma este tipo de operaciones afecto la razonabilidad de los estados financieros por $91.693.377.

Finalmente, la Contraloría estableció que muchos de los contratos suscritos con la entidad no cancelaron lo correspondiente a estampillas pro cultura, lo cual denota falta de control y seguimiento por parte del supervisor de los contratos.